La Junta dedica 113 millones al año para mantener una red de fundaciones

¿Qué tienen en común Desarrollo del Legado Andalusí, Progreso y Salud, Desarrollo Sostenible de Doñana, Baremboin-Said o Rey Fahd Bin Abdulaziz? Todos estos sugerentes nombres, algunos cargados de exotismo, remiten a las distintas entidades que componen el «holding» de fundaciones de la Junta de Andalucía. Son entidades sin ánimo lucro, con una finalidad en ocasiones difusa que se rigen por el derecho privado aunque están sostenidas con fondos públicos. Para mantener este aparato burocrático en funcionamiento, los presupuestos autonómicos de este año destinarán 112,98 millones de euros a través de subvenciones y transferencias de financiación. Siete de cada diez euros que ingresan las 19 fundaciones que el Gobierno andaluz reconoce como propias provienen de las cuentas públicas. La mayor parte de estos fondos se emplea en pagar las nóminas de sus más de 3.300 trabajadores.

La red de fundaciones públicas creada en la era de los excesos que precedieron a la crisis es tan tupida que el Gobierno autonómico y la Cámara de Cuentas de Andalucía no se ponen de acuerdo sobre el número exacto de entes adscritos a la Junta. Todo lo que afecta al amplio anillo de empresas públicas, consorcios y fundaciones, la conocida como «administración paralela», ha estado rodeado siempre de un halo de misterio impermeable a los planes y las promesas de transparencia. Pero algo se ha avanzado en este terreno.

Los presupuestos de la Junta para 2014 recogen por primera vez las cuentas de los 93 entes instrumentales autonómicos, incluidas las 19 fundaciones. Su partida de gastos suma 162,5 millones de euros. Andalucía Emprende, que da empleo a cerca de mil personas dedicadas a asesorar a futuros empresarios, es con diferencia la que más dinero recibe: 44,79 millones de euros. Les siguen, a gran distancia, la Fundación Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem), receptora de 34,48 millones, y la Fundación Progreso y Salud (20,35 millones), que «se encarga de impulsar de forma efectiva la investigación e innovación en Salud en nuestra comunidad», según destaca su web oficial.

El elevado gasto en personal (31 millones) de Andalucía Emprende, en plena escalada de recortes, ha desconcertado a un juez de lo Social de Córdoba, Manuel Oteros. Su controvertida sentencia, donde apuntaba que «no cabe imaginar empresa pública más ineficiente», ha abierto el debate sobre la utilidad de las fundaciones y la justificación del caudal de fondos que ingresan cada año. La singular situación jurídica de las fundaciones les permite escapar a los rigurosos filtros de fiscalización sobre el dinero que gastan, por ejemplo, las distintas consejerías. Todo son ventajas también para quienes trabajan en estas entidades: no han tenido que pasar los estrictos controles que regulan la selección del personal adscrito a la Función Pública.